Como un deja vu interminable, este año, por enésima vez, se viene discutiendo el a estas alturas ya famoso tema del impuesto a la exportación de soja. Y no es que el impuesto sea el principio del apocalipsis, como lo presentan algunos, ni la solución a todos nuestros problemas, como insinúan otros. Es un tema que despierta pasiones y desata viscerales confrontaciones porque emerge desde uno de los puntos neurálgicos de la estructura social paraguaya: la propiedad de la tierra y el uso que de ella se hace.
En Paraguay el potencial productivo de la naturaleza, en particular de la tierra, está apropiado, acaparado y dirigido fundamentalmente a la producción de dinero y lo que más dinero produce en este tiempo en el sector agropecuario de nuestro país son la soja transgénica, seguida de la carne vacuna. Las exportaciones de la primera durante el 2017 alcanzaron un valor de 3.345 millones de dólares, mientras que de la segunda, 1.214 millones (1). ¿Por qué el grano de soja genera tanto dinero y tantos conflictos en el Paraguay? Veamos tres de los principales determinantes.
La propiedad concentrada de la tierra: los cultivos de soja ocupan unos 3,5 millones de hectáreas, cerca del 65 % del total de cultivos en el país; la ganadería extensiva acapara más de 17 millones de hectáreas. Las tierras campesinas no llegan a 2 millones de hectáreas, así como las de comunidades indígenas, siendo estas poblaciones muchísimo más numerosas. Esta estructura latifundista de tenencia de la tierra, ha sido reconocida por el propio Banco Mundial, que afirma que “El actual modelo de desarrollo rural ha alimentado la concentración de la tierra, ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el mundo con un coeficiente de GINI de 0,93”(2). La tierra en Paraguay, apropiada históricamente la mayoría de las veces en procesos ilegales y fraudulentos, está destinada a la producción de dinero, por medio de la soja y la carne, para el enriquecimiento de una casta de terratenientes, sojeros, ganaderos, agroexportadores, bancos y proveedores de insumos y maquinarias industriales.
Los bajos impuestos: Paraguay es de lejos el país con la menor presión tributaria de la región, en torno al 10 % del PIB, lejos de Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, todos por encima del 30 %. Además de ser bajas las tasas de los impuestos, la distribución interna en el país es particularmente beneficiosa para el sector agropecuario, en base a los siguientes elementos: los impuestos a las rentas (el IRAGRO para los productores agropecuarios, y el IRACIS para las empresas industriales y comerciales) suman a sus bajas tasas una altísima evasión, en complicidad con las autoridades tributarias; el IVA Agropecuario es pagado en el mercado interno por los consumidores, y cuando de exportaciones al exterior se trata, es devuelto mayormente por el fisco a las agroexportadoras (desde enero a setiembre de 2018, la devolución del IVA alcanzó unos US$ 129 millones (3); el anteriormente mencionado impuesto a la exportación directamente no existe; el impuesto inmobiliario aplicado a la propiedad rural es escandalosamente bajo, pues se cobra sobre un valor fiscal fijado por Hacienda, que dista enormemente del precio de mercado de las tierras, como, por ejemplo, en la zona de Alto Paraná, donde el valor promedio de mercado de una hectárea es de US$ 14.100, mientras que el valor fiscal oscila, según el distrito, entre US$ 316 y 196 (4). Dado que la tasa del impuesto inmobiliario es del 1 %, el impuesto por hectárea pagado fluctúa entre 3,1 y 1,9 dólares al año, unos 15.000 Gs, situación que se repite en todos los departamentos. Por todo esto, uno pensaría que estos impuestos fueron diseñados directamente por el sector empresarial agropecuario, y no se equivocaría.
La destrucción ambiental: la acelerada expansión sojera y ganadera viene acabando con los bosques de la región Oriental y más recientemente, del Chaco, donde el país se destaca por tener la mayor tasa de deforestación del mundo (en promedio unas 1.000 hectáreas por día (5) durante el 2017). La contaminación de tierras, aguas y seres vivos por el uso intensivo y extensivo de agrotóxicos, parece un siniestro plan de exterminio socioambiental: solo en el 2017, se importaron 50 millones de kilos de estos biocidas (32 millones de kilos de herbicidas, 10 millones de fungicidas y casi 8 millones de insecticidas) (6). Aunque parte de estos productos se triangula hacia otros países, una gran parte se vierte anualmente sobre el territorio nacional, particularmente sobre las 3,5 millones de hectáreas de la patria sojera. Comunidades rurales enteras han tenido que desarraigarse y migrar por el daño ambiental ocasionado a los bosques, suelos y los indispensables cursos de agua.
En resumen, el exitoso modelo agroexportador se sustenta en una enorme concentración de tierras, amplios privilegios tributarios y dantescos costos ambientales trasladados al resto de la sociedad. La contracara del abundante dinero que ingresa por sus exportaciones son la eliminación de empleos y condiciones de vida, la caída de la producción de alimentos tradicionales, el raquítico presupuesto social del Estado paraguayo, además de la hipoteca ambiental a ser pagada por los hijos e hijas de esta irresponsable generación.
(1) Heñói, Serie Agronegocios en Paraguay, 2018.
(2) Banco Mundial, Paraguay. Notas de política 2018.
(3) https://www.ultimahora.com/devolucion-del-iva-agroexportadores-crecio-aceleradamente-cinco-anos-n2773514.html
(4) Servicio Nacional de Catastro, Informe – Precios rurales de referencia a diciembre 2017. En www.catastro.gov.py/
(5) http://guyra.org.py/informe-deforestacion-2017/
(6) Heñói, Serie Agronegocios en Paraguay, 2018.
*Investigador del Centro de Estudios Heñói y miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay SEPPY.
