¿Qué hacemos?
A través del monitoreo de políticas públicas, acciones y activismo digital buscamos incidir en el cumplimiento de políticas que favorezcan a la reducción de la desigualdad.
A través del monitoreo de políticas públicas, acciones y activismo digital buscamos incidir en el cumplimiento de políticas que favorezcan a la reducción de la desigualdad.
Para el 2023, al menos 10% de la superficie agropecuaria total dedicada a la agricultura familiar, campesina e indígena, con enfoque agroecológico, acceso a tierra, créditos y semillas.
Infraestructura adecuada para la comercialización de los productos de la agricultura familiar, campesina e indígena, incluyendo caminos de todo tiempo, transporte público y mercados locales.
Cumplimiento de las normativas locales de zonificación y uso de suelo, y de la franja de protección frente a fumigaciones.
Adecuación de la legislación y normativa vigente para proteger las reservas de bosques naturales en todo el territorio nacional.
Prevención y sanción de delitos ambientales, aplicando el marco legal de protección a bosques y recursos hídricos.
Pausa ambiental para auditar todas las licencias y permisos de explotación forestal y desmonte emitidos en los últimos cinco años.
Aprobación e implementación del proyecto de Ley Contra Toda forma de Discriminación.
Igualdad salarial para el trabajo doméstico remunerado.
Sanción a los casos de corrupción y tráfico de influencias en la aplicación de la justicia.
Desmilitarizar la seguridad interna y adecuar al cuerpo policial civil para garantizar los derechos humanos de la población.
Investigación integral, imparcial e independiente del caso Curuguaty, en los términos recomendados por el Consejo de DDHH de la ONU.
Aumentar la presión tributaria de forma sostenible y equitativa, a partir de una mayor recaudación de impuestos a la riqueza, renta y patrimonio.
Gravar la exportación de granos al natural en un 15%.
Eliminar privilegios fiscales a sectores de altos ingresos y sin impactos sociales positivos claros.
Aumento de la inversión en educación al menos al 7% del PIB, para el 2023.
Mecanismos efectivos para que todas las niñas, niños y adolescentes accedan y completen su educación, incluyendo a comunidades afectadas por emergencias y conflictos.
Implementar el enfoque de derechos y la perspectiva de igualdad de género en el currículo de la educación formal, la formación docente y los materiales educativos.
Complemento nutricional para todas las instituciones educativas públicas y en todos los niveles educativos.
Todas las escuelas y colegios, públicos y privados, con infraestructura adecuada, segura e inclusiva.
Implementar políticas y protocolos específicos de prevención y sanción para acabar con la discriminación, el acoso y la violencia de género en entidades educativas.
Garantizar y promover la libertad de expresión, de pensamiento, de organización y la participación en todos los espacios educativos.
Adecuación institucional y presupuestaria para la implementación de la Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Incorporar la perspectiva de igualdad de género en la reglamentación de la Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Acceso en todo el territorio a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los consultorios amigables para adolescentes, planificación familiar, información y educación.
Inclusión de la educación sexual integral en el currículo educativo, con enfoque en la prevención de abusos y violencia sexual.
Atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual, con mecanismos de detección y prevención eficaces.
50% del gabinete gubernamental ocupado por mujeres.
Aprobación e implementación de la ley de Paridad democrática.
Acceso a programas de protección social para toda la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, considerando a las personas con discapacidad, de tercera edad, niñez, jóvenes, mujeres y población indígena.
Centros de cuidado públicos (guarderías) para niñas y niños en todos los municipios del país, como parte de una política nacional de cuidados con presupuesto adecuado.
Cobertura de seguridad social para personas que ganan menos del salario mínimo, como trabajadores/as del sector doméstico y rural.
Mantener la gratuidad y asegurar la oferta de medicamentos e insumos en toda la red pública de servicios de salud.
Para el 2023, duplicar la inversión social en salud pública, mejorando la calidad del gasto y ampliando la red de servicios hospitalarios.
1800 Unidades de Salud de la Familia instaladas y funcionando con personal de salud adecuado, ampliando en 2,5 veces la inversión en Atención Primaria de la Salud (APS).
Para el 2023, los servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura alcanzan al 100% de los distritos urbanos y al 75% de los distritos rurales y comunidades indígenas.
Para el 2023, se cuenta con aguas residuales tratadas de manera segura en el 80% de los distritos urbanos.
Para el 2023, 50% de las familias campesinas sin tierra acceden a fincas agrícolas rurales de 10 hectáreas o más, de forma equitativa entre mujeres y hombres.
Acciones para la recuperación de todas las tierras malhabidas, por vías administrativas, judiciales y legislativas.
Cese de desalojos forzosos y violentos en territorios indígenas y ocupaciones campesinas y urbanas.
Cumplimiento integral de las tres sentencias de la Corte IDH que restituyen tierras a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xámok Kaksek, marcando un precedente para la gestión del territorio indígena.
Garantizar la consulta informada y el consentimiento previo de las comunidades afectadas por obras de infraestructura y situaciones de emergencia, para el diseño e implementación de políticas públicas.
Para el 2023, disminución del déficit de acceso a la vivienda en al menos 50%.
Mejoramiento de infraestructura y acceso a servicios públicos de calidad en los asentamientos, barrios y comunidades indígenas.
Salario mínimo legal para todas las ocupaciones, erradicando las discriminaciones.
Erradicar las diferencias de ingreso entre mujeres y hombres por igual trabajo y otras brechas basadas en discriminaciones, como las discapacidades y el lugar de residencia.
Disminución progresiva de la demanda insatisfecha de empleo juvenil, con oportunidades de trabajo descentralizadas.
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, incluyendo formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.
Erradicar todas las formas de trabajo infantil y adolescente peligroso, incluyendo el criadazgo.