QUEREMOS ACCIONES URGENTES CONTRA LA DESIGUALDAD
Buscamos que los compromisos se cumplan. Monitoreamos avances y retrocesos en base a la Agenda Urgente contra la Desigualdad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Buscamos que los compromisos se cumplan. Monitoreamos avances y retrocesos en base a la Agenda Urgente contra la Desigualdad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Construimos colectivamente una Agenda Urgente contra la Desigualdad y buscamos compromisos políticos para lograr convertirla en políticas públicas.
Para el 2023, al menos 10% de la superficie agropecuaria total dedicada a la agricultura familiar, campesina e indígena, con enfoque agroecológico, acceso a tierra, créditos y semillas.
Infraestructura adecuada para la comercialización de los productos de la agricultura familiar, campesina e indígena, incluyendo caminos de todo tiempo, transporte público y mercados locales.
Cumplimiento de las normativas locales de zonificación y uso de suelo, y de la franja de protección frente a fumigaciones.
Adecuación de la legislación y normativa vigente para proteger las reservas de bosques naturales en todo el territorio nacional.
Prevención y sanción de delitos ambientales, aplicando el marco legal de protección a bosques y recursos hídricos.
Pausa ambiental para auditar todas las licencias y permisos de explotación forestal y desmonte emitidos en los últimos cinco años.
Aprobación e implementación del proyecto de Ley Contra Toda forma de Discriminación.
Igualdad salarial para el trabajo doméstico remunerado.
Sanción a los casos de corrupción y tráfico de influencias en la aplicación de la justicia.
Desmilitarizar la seguridad interna y adecuar al cuerpo policial civil para garantizar los derechos humanos de la población.
Investigación integral, imparcial e independiente del caso Curuguaty, en los términos recomendados por el Consejo de DDHH de la ONU.
Aumentar la presión tributaria de forma sostenible y equitativa, a partir de una mayor recaudación de impuestos a la riqueza, renta y patrimonio.
Gravar la exportación de granos al natural en un 15%.
Eliminar privilegios fiscales a sectores de altos ingresos y sin impactos sociales positivos claros.
Aumento de la inversión en educación al menos al 7% del PIB, para el 2023.
Mecanismos efectivos para que todas las niñas, niños y adolescentes accedan y completen su educación, incluyendo a comunidades afectadas por emergencias y conflictos.
Implementar el enfoque de derechos y la perspectiva de igualdad de género en el currículo de la educación formal, la formación docente y los materiales educativos.
Complemento nutricional para todas las instituciones educativas públicas y en todos los niveles educativos.
Todas las escuelas y colegios, públicos y privados, con infraestructura adecuada, segura e inclusiva.
Implementar políticas y protocolos específicos de prevención y sanción para acabar con la discriminación, el acoso y la violencia de género en entidades educativas.
Garantizar y promover la libertad de expresión, de pensamiento, de organización y la participación en todos los espacios educativos.
Adecuación institucional y presupuestaria para la implementación de la Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Incorporar la perspectiva de igualdad de género en la reglamentación de la Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Acceso en todo el territorio a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los consultorios amigables para adolescentes, planificación familiar, información y educación.
Inclusión de la educación sexual integral en el currículo educativo, con enfoque en la prevención de abusos y violencia sexual.
Atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual, con mecanismos de detección y prevención eficaces.
50% del gabinete gubernamental ocupado por mujeres.
Aprobación e implementación de la ley de Paridad democrática.
Acceso a programas de protección social para toda la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, considerando a las personas con discapacidad, de tercera edad, niñez, jóvenes, mujeres y población indígena.
Centros de cuidado públicos (guarderías) para niñas y niños en todos los municipios del país, como parte de una política nacional de cuidados con presupuesto adecuado.
Cobertura de seguridad social para personas que ganan menos del salario mínimo, como trabajadores/as del sector doméstico y rural.
Mantener la gratuidad y asegurar la oferta de medicamentos e insumos en toda la red pública de servicios de salud.
Para el 2023, duplicar la inversión social en salud pública, mejorando la calidad del gasto y ampliando la red de servicios hospitalarios.
1800 Unidades de Salud de la Familia instaladas y funcionando con personal de salud adecuado, ampliando en 2,5 veces la inversión en Atención Primaria de la Salud (APS).
Para el 2023, los servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura alcanzan al 100% de los distritos urbanos y al 75% de los distritos rurales y comunidades indígenas.
Para el 2023, se cuenta con aguas residuales tratadas de manera segura en el 80% de los distritos urbanos.
Para el 2023, 50% de las familias campesinas sin tierra acceden a fincas agrícolas rurales de 10 hectáreas o más, de forma equitativa entre mujeres y hombres.
Acciones para la recuperación de todas las tierras malhabidas, por vías administrativas, judiciales y legislativas.
Cese de desalojos forzosos y violentos en territorios indígenas y ocupaciones campesinas y urbanas.
Cumplimiento integral de las tres sentencias de la Corte IDH que restituyen tierras a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xámok Kaksek, marcando un precedente para la gestión del territorio indígena.
Garantizar la consulta informada y el consentimiento previo de las comunidades afectadas por obras de infraestructura y situaciones de emergencia, para el diseño e implementación de políticas públicas.
Para el 2023, disminución del déficit de acceso a la vivienda en al menos 50%.
Mejoramiento de infraestructura y acceso a servicios públicos de calidad en los asentamientos, barrios y comunidades indígenas.
Salario mínimo legal para todas las ocupaciones, erradicando las discriminaciones.
Erradicar las diferencias de ingreso entre mujeres y hombres por igual trabajo y otras brechas basadas en discriminaciones, como las discapacidades y el lugar de residencia.
Disminución progresiva de la demanda insatisfecha de empleo juvenil, con oportunidades de trabajo descentralizadas.
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, incluyendo formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.
Erradicar todas las formas de trabajo infantil y adolescente peligroso, incluyendo el criadazgo.
Monitoreamos las decisiones del Gobierno y del Poder Legislativo. Conocé los avances y retrocesos en torno a la Agenda Urgente contra la Desigualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A nivel país se registran 780 planes de uso del suelo, donde cada plan corresponde a un emprendimiento diferente. La mayoría de los planes se concentraron en los departamentos de Pte. Hayes (160), Boquerón (356) y Alto Paraguay (215). Resaltan los departamentos con bajísimas cantidades de planes como Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí con 1 solo plan presentado y Ñeembucú sin ningún plan.
En el 2018 se realizaron 74 ferias de comercialización del INDERT en todo el país. Estas se concentraron principalmente en los departamentos de Caaguazú (27), San Pedro (10) y Concepción (8), sin embargo no se observa una periodicidad constante. En otros departamentos fue menor la cantidad de ferias realizadas y en varios (Itapúa, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay y otros) no se realizó feria alguna.
Según el último censo agropecuario nacional realizado en 2008, la superficie agropecuaria del país fue de 31.086.894 h. El cumplimiento de la demanda implicaría que para el 2023 al menos 3.108.789 h cuenten con esas garantías. No contamos con la información suficiente y actualizada para evaluar el cumplimiento de estas garantías, en parte debido a la falta de datos más actualizados, pero al 2008 existían un total de 264 mil fincas de 50 h o menos en la Región Oriental, de las cuales el “13% recibe asistencia técnica, 16% tiene acceso a créditos productivos y 28% se encuentra asociado a alguna organización de productores agropecuarios” (FAO). Urgimos al Estado la realización del censo agropecuario que debió realizarse en 2018, vital para la promoción de políticas públicas adecuadas para reducir la desigualdad en el campo.
No se contempla la existencia de tal iniciativa a nivel legislativo.
En 2017 y 2018 el MADES instruyó 497 y 570 sumarios administrativos, respectivamente, por infracciones a las leyes ambientales. No se cuenta con un listado de sumarios por infracciones, pero éstas se refieren a las leyes: Nº294/93 “De evaluación de impacto ambiental”, Nº 96/92 “De vida silvestre”, Nº 3239/07 “De recursos hídricos”, Nº 3957/09 “De residuos sólidos” y Nº 3556/08 “De pesca y acuicultura”. En el año 2018 fueron concluidos 179 sumarios y las multas ascendieron a 60.563 jornales, menos de la mitad en 2017 (138.882 jornales).
Solo en el mes de junio de 2018, se deforestaron en el Chaco paraguayo 5.952 hectáreas, a un ritmo de 192 ha/día. Sin embargo, la iniciativa de una ley de “Deforestación cero” para el Chaco fue rechazada en junio de 2019. En todo el país, la superficie protegida es de apenas 1.572.650 hectáreas.
Persisten los privilegios fiscales como la devolución del IVA a los agroexportadores, la posibilidad de deducción del 100% del IRP, la exoneración de IVA a la importación de bienes de capital y los regimenes de Alianzas público-privadas (APP), la modalidad de contratos “llave en mano”. No existe una Ley de precios de transferencia. El paquete de reforma tributaria propuesto no parece alterar fundamentalmente estas y otras inequidades a excepción de la devolución de IVA a los agroexportadores.
El proyecto que obligaría al pago del 15% a los exportadores de granos en estado natural fue rechazado por la Cámara de Senadores y enviado a archivo el 16 de mayo. El proyecto de reforma tributaria no contempla disposiciones similares.
En los últimos años, la presión tributaria se ha estancado, es decir, no se ha elevado aun en un contexto de crecimiento económico estable en el país. En el 2017, la SET reportaba que la presión tributaria finalmente había alcanzado el 13% del PIB, sin embargo, en ese momento también se actualizó la medición de las cuentas nacionales, lo cual elevó sustancialmente el PIB. Al elevarse el valor del PIB, las recaudaciones resultaron ser mucho menores a lo anteriormente pensado: arrojando una presión tributaria de apenas solo el 10% para el 2018.
El Proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación fue presentado por última vez en el 2015 y no ha sido aprobado hasta la fecha.
Anteriormente, los empleadores debían pagar solo el 60% del salario mínimo legal a las trabajadoras domésticas. Tras una larga lucha de las trabajadoras, la Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto proyecto de Ley “Que modifica el artículo 10 de la Ley Nº 5407/15, del Trabajo Doméstico”, que establecería que las trabajadoras perciban el mismo salario mínimo legal que las demás ocupaciones. Sin embargo, la Cámara de Diputados modificó la propuesta, proponiendo un piso del 70% del salario mínimo. La nueva propuesta volvió a a la Cámara de Senadores, donde decidieron ratificarse en su propia versión (100%). La ley fue promulgada por el Ejecutivo el 2 de julio de 2019.
En agosto de 2016 se estableció una Comisión Especial del Congreso para la investigación del caso Curuguaty. Si bien, el informe resultante de dicha comisión fue calificado por los medios de comunicación como “lapidario”, sus resultados no se han hecho públicos, hasta la fecha.
La Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) es una fuerza especial de operaciones de seguridad interna que cuenta con efectivos militares, activa desde el año 2013. La constitucionalidad de la FTC ha sido cuestionada desde un principio, ya que la función de las fuerzas armadas es la de proteger la soberanía nacional y la integridad territorial, mientras que la de la policía es la de velar por el orden público interno y la prevención e investigación de delitos. Con un presupuesto de casi Gs. 80.000 millones para el año 2018 que ha crecido sostenidamente desde su creación y 653 efectivos en terreno, está lejos de desarticularse.
Actualmente existen varias instituciones donde puede denunciarse la corrupción pública: entre ellas se encuentran la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), que recibe denuncias sobre las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo; la Controlaría General de la República, si son afectados temas patrimoniales del Estado; la Secretaría de la Función Pública, si son hechos de su competencia, establecidas en la ley 1626/00; y ante el Ministerio Público, que cuenta con una Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, donde se pueden presentar denuncias sobre delitos de corrupción y malversación de bienes que afecten a las instituciones públicas. En el 2018, la SENAC emitió recomendaciones en 202 casos recibidos y luego de las investigaciones preliminares, la Máxima Autoridad Institucional (MAI) decidió enviar a archivo 145 denuncias, elevar a sumario administrativo a 22 denuncias, a denuncia penal y sumario 2 denuncias, a denuncia penal 4 denuncias y a “otro” 29 denuncias.
Actualmente existen 7811 instituciones oficiales y 611 instituciones privadas subvencionadas, de las cuales un total de 6024 instituciones educativas (entre públicas y privadas subvencionadas) beneficiadas con el complemento nutricional.
La resolución Nº 29.664/17 que prohíbe la difusión y utilización de materiales que contengan la llamada ideología de género en las escuelas del país sigue vigente a pesar de su falta de fundamentación y de los reclamos de organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil. También, mediante la Resolución Nº 1761/19, se prohibió la utilización de una guía para docentes sobre educación integral de la sexualidad para la Educación Permanente. Por otro lado, el Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad quedó sin efecto en el año 2011 y hasta la fecha no se cuenta con programas de educación sexual ni para escuelas públicas ni privadas. Tampoco se ha implementado el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH) elaborado en 2011 por el Ministerio de Educación.
La tasa de egreso de la cohorte 2005-2016 (12 años) fue del 41%, es decir, solo 4 de cada 10 estudiantes que entraron a la escuela en 2005 egresaron luego de 12 años. En las áreas rurales, este porcentaje se reduce a 19,6%.
La inversión en educación en el 2018 fue de Gs. 8.575.752 millones, equivalente al 3,7% del PIB.
Existen 1125 organizaciones estudiantiles (centros de estudiantes y consejos de delegados) distribuidas en los 17 departamentos más Asunción. No obstante, en el informe de DDHH de 2017, se detallan al menos tres casos emblemáticos de violaciones del derecho a la organización estudiantil y la libertad de organización en los espacios educativos: “Durante un acto en el colegio Técnico Nacional de Encarnación… el estudiante Pablo González Delvalle, alumno de la institución, fue sacado a la fuerza por militares de civil, cuando expuso una pancarta en la que exigía “almuerzo gratis para todos”. Los militares, además de arrebatarle el cartel que portaba, lo rompieron y lo arrugaron. El hecho fue filmado por sus compañeros, quienes recordaron a los militares la vigencia de la libertad de expresión y que se vivía en democracia” (Codehupy, 2017, p.242). “Las tomas enfrentaron también, otras dificultades: rapiñaron la cantina y destrozaron la cámara de circuito cerrado de un colegio en la ciudad de Luque; alumnos y algunos padres del Colegio Nacional Fernando de la Mora denunciaron que el presidente de la Comisión de padres habría violentado a una alumna. También se refirieron a otros episodios de golpizas y pedradas. A esto se sumó, incluso, un grupo de exalumnos del centro educativo, quienes saltaron una muralla lateral, con el objetivo de impedir la toma de la institución. Estos habrían ingresado durante la noche de manera violenta. Mauricio Kiese, coordinador ejecutivo de la Fenaes, relató al respecto: La gran pregunta es quiénes eran. Tiraron el portón, cortaron alambrados y tiraron piedras. Una vez que ingresaron a la institución, garrotearon a los que estaban adentro y la Policía no cumplió con su trabajo; nada hicieron para proteger a los compañeros”” (Codehupy, 2017, p.242). “…al prolongarse las negociaciones, se generan situaciones que exponen a los estudiantes a situaciones de riesgos a su integridad física; variados fueron los actores implicados en los hechos de violencia: directores, grupos de padres, infiltrados con un trasfondo de descalificación oficial de las reivindicaciones en el que aportaron sus voces, desde el ministro de Educación y Ciencias, el titular de la UIP, pasando por el precandidato Santiago Peña, hasta llegar al titular del Ejecutivo, Horacio Cartes” (Codehupy, 2017, p.243)
Son instrumentos contra el Acoso Sexual: Ley 1860/01 “Código de la Niñez y Adolescencia”, Resolución MEC Nº 5738/15 “Guía de intervención interinstitucional para la atención de los casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos, en el ámbito educativo”, Resolución MEC Nº 5731/15 “Por la cual se aprueba la guía de intervención interinstitucional para la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos en el ámbito educativo”, Resolución MEC Nº 22.446/17 “Por la cual se establecen medidas de protección aplicables ante denuncias de supuestos hechos punibles contra niños y adolescentes escolarizados, atribuidos a docentes y funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias” y Resolución MEC Nº 5/17 “Por la cual se reglamenta el procedimiento de consolidación de denuncias”. Son instrumentos contra el Acoso Escolar (Bullying): Ley 4633/12 “Contra el acoso escolar”, Guía de actividades para la prevención e intervención del acoso escolar, Protocolo de prevención de acoso del MEC: Ley Nº 4633/12 “Contra Acoso Escolar en instituciones educativas públicas, privadas o privadas subvencionadas” y Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para casos de violencia entre pares y/o acoso escolar aprobado por Resolución MEC Nº 8353/12.
Muchas escuelas necesitan refacciones o mejoras en su infraestructura y esta necesidad se clasifica de acuerdo a tres categorías: alerta baja, alerta media y alerta alta. La cantidad de escuelas en alerta es de 664, de las cuales 91 están en alerta alta, 134 en alerta media y 440 alerta baja.
En el 2017 se denunciaron 4566 hechos punibles contra menores de edad, de los cuales los principales fueron: 2382 abuso sexual en niños/as, 1107 casos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela y 545 casos de estupro.
El 2017 se dieron 1443 nuevos diagnósticos de VIH, de los cuales el 60% (859) ocurrieron en niños y jóvenes entre los 10 y 34 años.
El MSPyBS cuenta con servicios de atención amigable de salud integral para adolescentes a los que se pueden acceder desde los Hospitales Regionales de casi todos los departamentos. Sin embargo existen departamentos enteros (Misiones, Amambay, Boquerón y Alto Paraguay) que no cuentan con estos servicios y en otros territorios resultan insuficientes, ya sea por la cantidad de población (2 servicios en Asunción) o el extenso territorio (1 servicio para Pte. Hayes y 1 servicio en Ñeembucú) que deben cubrir. En el 2017, 95146 adolescentes (10 a 19 años) fueron planificados en todos los métodos en todo el país.
El proyecto de ley de Paridad democrática fue propuesto e inicialmente aprobado en la cámara de Senadores. Sin embargo, sufrió una modificación en la cámara de Diputados, que prácticamente eliminó su sustancia: todos los artículos que legislaban la paridad en cargos electivos fueron suprimidos, dejando solo unos pocos que destinarían mayores recursos financieros al fomento de la participación política de las mujeres dentro de los partidos políticos. Al ser nuevamente tratado en la cámara de Senadores, se optó por la versión “recortada” de la cámara de Diputados. Finalmente, la ley fue vetada por el presidente Mario Abdo en noviembre de 2018.
Persiste la baja representación femenina dentro de los cargos públicos electivos. Solo el 17,8% de los escaños de la Cámara de Senadores, el 13,7% de la Cámara de Diputados y el 10,2% de los intendencias y el 0% de las gobernaciones están ocupadas por mujeres.
Varias entidades y organismos del Estado (OEE) tienen responsabilidades bajo la Ley Nº5777/16. Estas OEE son: Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social (MDS, anteriormente SAS), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH, anteriormente SENAVITAT), Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC, anteriormente SENATICS y SICOM), Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA, anteriormente SNNA), el Poder Judicial, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público y las Municipalidades. En cuanto a su adecuación institucional, 5 de las 13 OEE responsables no mencionaron la realización de alguna acción de fortalecimiento institucional en 2018; y en cuanto a su adecuación presupuestaria, solo 4 OEE realizaron acciones presupuestadas para el cumplimiento de la ley.
El 55% de las personas que ganan el salario mínimo o más no tienen cobertura de seguridad social y el 90% los/as que ganan menos del salario mínimo no cuentan con cobertura de seguridad social.
Aun no se cuenta con una Política Nacional de Cuidados. Una iniciativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social son los Centros de Bienestar de la Infancia y la Familia (CEBINFA) que son espacios de desarrollo infantil que atienden a niños/as de 4 meses a 5 años. Los servicios funcionan de lunes a viernes, de 06:30 a 18:00 hs y son totalmente gratuitos. Actualmente existen 29 CEBINFA, de los cuales 25 se encuentran en Asunción y Central.
Solo el 11% cuenta con cobertura de alcantarillado sanitario y apenas el 2% de las aguas residuales son tratadas. Según el Plan Nacional de Agua y Saneamiento del MOPC, “solo algunos sistemas de alcantarillado sanitario poseen sistemas de tratamiento de las aguas antes de su descarga en el cuerpo receptor de agua superficial. En la región metropolitana de la capital del país, la zona céntrica de la ciudad de San Lorenzo es la única con un sistema de tratamiento, el cual, a su vez, se encuentra rebasado en su capacidad. Otras ciudades del país con sistemas de tratamiento de relativa importancia (en los cascos urbanos) son San Bernardino, Coronel Oviedo, Villarrica, Caaguazú, Pedro Juan Caballero, Encarnación, San Pedro del Ycuamandiyu, Villeta, Hohenau, operados por la ESSAP S.A. y por Juntas de Saneamiento. En el Paraguay no existe una Planta de Tratamiento terciario, las existentes son de nivel primario y en menor medida secundario”.
La cobertura de ESSAP y SENASA es del 57% en todo el país, proporción que se eleva a 63% en áreas urbanas y se reduce a 40% en las áreas rurales. En comunidades indígenas, el servicio llegaba a apenas el 1,4% de las personas.
Al 2017 se contaba con 800 Unidades de Salud de la Familia instaladas, con 2662 profesionales (médicos, licenciados en enfermería/obstetricia, auxiliares en enfermería, agentes o promotores comunitarios, odontólogos y otros) para atención. Por lo tanto, la mayoría de las USF instaladas están incompletas actualmente.
El presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud en 2015 fue de Gs. 3.714.494 millones, monto que equivale al 1,973% del PIB.
Según la EPH, 6 de cada 10 personas que consultaron en un servicio público recibieron medicamentos gratuitos, sin embargo, la pregunta ¿Accediste a un medicamento en la consulta? puede no reflejar la realidad ya que no refleja si se consiguieron los medicamentos que necesitaban. Segúń datos del MSP y BS, el gasto de bolsillo en salud es de Gs. 363.485 en promedio por los gastos extras de las personas al acudir a un servicio de salud, como medicamentos, consultas, estudios o internaciones.
Hasta la fecha, ninguna de las sentencias se ha cumplido en su totalidad. De la Sentencia Yakye Axa, se ha cumplido con las indemnizaciones y el reconocimiento público de responsabilidad; se ha cumplido parcialmente la restitución de las tierras y la difusión de la condena; no se ha cumplido con el programa y fondo de desarrollo comunitario y la modificación normativa. De la Sentencia Sawhoyamaxa, se ha cumplido con las indemnizaciones y la comunicación; se ha cumplido parcialmente la restitución de las tierras, la difusión y el programa de documentación; no se ha cumplido con el programa y fondo de desarrollo comunitario y la modificación normativa. De la Sentencia Xámok Kasek, se ha cumplido solo con las indemnizaciones; se ha cumplido parcialmente con la restitución de las tierras, la difusión y el programa de documentación; no se han cumplido el programa y fondo de desarrollo comunitario, la modificación normativa, ni el reconocimiento público de responsabilidad.
Se destacan casos emblemáticos de desalojo violento como los de Guahory, San Juan (Puente Kyha), Yakare’i, 1º de Marzo, Takuary y Mariscal López en el Informe de DDHH del Paraguay 2017.
Según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (2008), durante la dictadura de Alfredo Stroessner y parte de la transición democrática (entre 1954 y 2003), fueron malhabidas 7.851.295 hectáreas distribuidas en 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios. El informe de gestión del Indert menciona que en la administración 2013-2018 fueron recuperadas 205 mil hectáreas, aunque no necesariamente se traten de tierras malhabidas durante la dictadura. Según el Indert, “la recuperación de 204.615 ha de tierras se realizó sin gastar un solo guaraní en efectivo por esas parcelas, ya que simplemente se aplicó la Ley, revirtiendo al patrimonio estatal los lotes que estaban en posesión de no sujetos de la reforma”.
En el 2018 el Indert otorgó 1199 títutlos de propiedad, de los cuales el 66% fueron entregados a hombres y el 34% a mujeres. No se cuenta con información de cuántas hectáreas se otorgaron a cada persona.
En el país, déficit cuantitativo (la cantidad de viviendas nuevas que se necesitan) es de 93 mil viviendas y el déficit cualitativo (la cantidad de viviendas que necesitan mejoras) es de 686 mil viviendas, totalizando en déficit de 780 mil viviendas. Frente a esta realidad, la Senavitat (hoy MUVH) construyó 25 mil viviedas entre 2013 y 2017.
Según la encuesta MICS 2016 el 15,2% de los niños, niñas y adolescentes realizan trabajo infantil y adolescente peligroso. Esta situación se agrava en las áreas rurales (25,1%) frente a las áreas urbanas (8%). Según otra encuesta nacional, la EANA 2011, existen alrededor de 47 mil niños, niñas y adolescentes en situación de criadazgo.
El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso (P029) exige a los países adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio. Hasta la fecha, Paraguay no lo ha ratificado, a diferencia de los 31 países que ya lo han hecho.
El desempleo juvenil (de 15 a 29 años) afecta al 9,4% de dicha población, afectando desproporcionadamente a las mujeres (11,1%). La subocupación visible juvenil que afecta al 4,9% también es un indicador relevante ya que comprente a las personas de 15 a 29 años que trabajan menos de 30 horas por semana, que desean trabajar más horas por semana. En este indicador también se ven reflejadas desproporcionadamente las mujeres (6,8%).
La diferencia de ingresos entre mujeres y hombres por igual trabajo es del 24% (equivalente a Gs. 602.000) y la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres con 18 años de estudio es en promedio Gs. 1.493.000.
El porcentaje de personas ocupadas (funcionarios, trabajadores independientes, etc.) que ganan menos del salario mínimo es del 66,1%, considerando datos del 2017 cuando el salario mínimo era Gs. 2.041.123. Así como anteriormente en el caso de las trabajadoras domésticas, el salario mínimo legal para trabajadores en establecimientos ganaderos tiene una discriminación legal. Cuando el establecimiento tiene más de 4.000 cabezas de ganado, el salario correspondiente es de Gs. 1.032.075 (51% del salario mínimo para actividades diversas) y en los establecimientos de 1 a 4.000 cabezas de ganado es de apenas Gs. 750.704 (37% del salario mínimo).
EXCELENTE Demanda cumplida
BIEN Va por buen camino
TENEMOS DUDAS Sin datos suficientes o con acciones contradictorias.
SIN CAMBIOS No se ha avanzado
ASÍ NO Estamos retrocediendo
Conocé iniciativas de organizaciones sociales que vigilan el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Paraguay.
Por una alimentación sana, las organizaciones Decidamos y Oxfam en Paraguay monitorean el cumplimiento de los ODS 1, 2, 10 y 13, con el apoyo de la Unión Europea para el desarrollo de iniciativas relacionadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país. Más información sobre el proyecto en www.soberaniaalimentaria.org.py.
Monitoreo y análisis de las políticas públicas de protección social, con foco en los programas sociales relacionados a la erradicación de la pobreza y del hambre (ODS 1 y 2), para la ampliación de derechos económicos, sociales y culturales.
www.codehupy.org.py
Sistema de indicadores sobre políticas públicas y derechos de la niñez y la adolescencia del Observatorio “CDIA Observa”, en los ámbitos de demografía, economía, salud, educación, ciudadanía y protección.
www.cdiaobserva.org.py