JAPOLÍ

Garantizar y promover la libertad de expresión, de pensamiento, de organización y la participación en todos los espacios educativos.

Existen 1125 organizaciones estudiantiles (centros de estudiantes y consejos de delegados) distribuidas en los 17 departamentos más Asunción. No obstante, en el informe de DDHH de 2017, se detallan al menos tres casos emblemáticos de violaciones del derecho a la organización estudiantil y la libertad de organización en los espacios educativos: “Durante un acto en el colegio Técnico Nacional de Encarnación… el estudiante Pablo González Delvalle, alumno de la institución, fue sacado a la fuerza por militares de civil, cuando expuso una pancarta en la que exigía “almuerzo gratis para todos”. Los militares, además de arrebatarle el cartel que portaba, lo rompieron y lo arrugaron. El hecho fue filmado por sus compañeros, quienes recordaron a los militares la vigencia de la libertad de expresión y que se vivía en democracia” (Codehupy, 2017, p.242). “Las tomas enfrentaron también, otras dificultades: rapiñaron la cantina y destrozaron la cámara de circuito cerrado de un colegio en la ciudad de Luque; alumnos y algunos padres del Colegio Nacional Fernando de la Mora denunciaron que el presidente de la Comisión de padres habría violentado a una alumna. También se refirieron a otros episodios de golpizas y pedradas. A esto se sumó, incluso, un grupo de exalumnos del centro educativo, quienes saltaron una muralla lateral, con el objetivo de impedir la toma de la institución. Estos habrían ingresado durante la noche de manera violenta. Mauricio Kiese, coordinador ejecutivo de la Fenaes, relató al respecto: La gran pregunta es quiénes eran. Tiraron el portón, cortaron alambrados y tiraron piedras. Una vez que ingresaron a la institución, garrotearon a los que estaban adentro y la Policía no cumplió con su trabajo; nada hicieron para proteger a los compañeros”” (Codehupy, 2017, p.242). “…al prolongarse las negociaciones, se generan situaciones que exponen a los estudiantes a situaciones de riesgos a su integridad física; variados fueron los actores implicados en los hechos de violencia: directores, grupos de padres, infiltrados con un trasfondo de descalificación oficial de las reivindicaciones en el que aportaron sus voces, desde el ministro de Educación y Ciencias, el titular de la UIP, pasando por el precandidato Santiago Peña, hasta llegar al titular del Ejecutivo, Horacio Cartes” (Codehupy, 2017, p.243)