El impuesto a la exportación de soja es fundamental para reducir desigualdades

Asunción, 14 de noviembre de 2018.- Como Japolí, plataforma ciudadana de vigilancia y acción contra la desigualdad, expresamos nuestro apoyo a la puesta en marcha del impuesto a la exportación de granos, en particular de la soja, por lo siguiente: Paraguay tiene la presión tributaria más baja de Sudamérica: 9,9% en 2017, y ello lo […]

14/11/2018

Asunción, 14 de noviembre de 2018.- Como Japolí, plataforma ciudadana de vigilancia y acción contra la desigualdad, expresamos nuestro apoyo a la puesta en marcha del impuesto a la exportación de granos, en particular de la soja, por lo siguiente:

Paraguay tiene la presión tributaria más baja de Sudamérica: 9,9% en 2017, y ello lo coloca como el país sudamericano con menor recaudación impositiva en proporción al PIB. Ante este escenario, urge tomar una diversidad de medidas que aumenten la disponibilidad de recursos necesarios para políticas públicas (salud, obras públicas, educación, agua y saneamiento entre otras), principalmente, ajustes al sistema tributario bajo principios de equidad: quienes ganan más, deben abonar un mayor monto en concepto de impuestos, como indica nuestra Constitución[1]. Además, Paraguay es el país que más depende de los impuestos indirectos para recaudar (del IVA en particular, pagado por todos independientemente del nivel económico), es decir, somos el país con mayor inequidad tributaria de la región.

El sector agropecuario en Paraguay –dentro del cual se encuentra el sector sojero- es el que tiene la mayor participación en el PIB, rondando un 25%. Sin embargo, su aporte en términos de impuesto a la renta empresarial es extremadamente exiguo. En 2016, su aporte tributario (IRACIS por parte de empresas agroexportadoras, IRAGRO por parte de productores, e IVA agropecuario) constituyó solamente el 6% del total de lo recaudado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Ese mismo año, el monto por pago de IRACIS de las empresas agroexportadoras representó sólo el 2% del total recaudado por la SET. Y en 2017, del IRAGRO solamente provino el 2,6%.

Existen numerosos beneficios impositivos para el sector agroexportador, entre ellos los altos montos de devolución de IVA: en 2017, se les devolvió 4 veces el monto que aportaron en IRACIS. Además, muchas de estas empresas desarrollaron prácticas de elusión tributaria: un estudio de Decidamos publicado en 2015[2] encontró que, a través de la manipulación de precios de transferencia, dichas empresas en un solo año dejaron de aportar cerca de 40 millones de dólares al fisco.

A estos elementos debe agregarse uno, de fundamental importancia: el daño ambiental que genera el masivo uso de agrotóxicos en el cultivo extensivo de la soja. Muchas organizaciones internacionales señalan ya su nivel crítico, entre las cuales destaca el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en 2015 reiteró su preocupación “(…) en cuanto a los efectos negativos que trae aparejado el extenso cultivo de soja en el Estado parte, particularmente en la degradación del medio ambiente, el uso indiscriminado de agro-tóxicos, la contaminación del agua y la inseguridad alimentaria”.

El impuesto que se debate este jueves a través del proyecto de ley “Que establece nuevas disposiciones impositivas para la exportación de granos en estado natural” (aprobado en general por la Cámara de Senadores hace un año) plantea recaudar un 15%, cobrando directamente a las agroexportadoras sobre sus montos facturados. Estas empresas son pocas en el país (la mayor es Cargill, multinacional norteamericana, cuya familia propietaria es una de las 10 más ricas de Estados Unidos), y su nivel de ganancia es al menos 3 veces más que el porcentaje propuesto de tributo.

Es importante no caer en confusiones: de aprobarse, el impuesto lo pagarán las empresas exportadoras, en su mayoría multinacionales, no así los productores. El hecho de que estas empresas, que acopian y exportan granos, puedan decidir eludir el impuesto e imponer a los productores el costo del mismo pagando menos por su producción, es parte de las negociaciones comerciales entre productores y acopiadores. En este marco, los grandes y medianos productores de granos controlan más del 80% del mercado y tienen, sin duda, un poder de negociación alto que les permite acordar precios con las empresas agroexportadoras –un poder que podrían utilizar para beneficiar a los pequeños productores, minoritarios y endeudados.

Muchos países ya implementaron el impuesto a la exportación de granos, incluso en niveles mayores al 30%. En ningún caso los negocios cayeron. Al contrario, siguieron en alza, siendo la demanda internacional fuerte y los niveles de rentabilidad muy altos para el sector.

En resumen: muy bajas tasas de aporte, altos privilegios impositivos, prácticas elusivas, daño medioambiental, son, entre otros, elementos que ilustran la necesidad y la urgencia de encontrar mecanismos para que el sector agroexportador sojero aporte un mayor monto en concepto de impuestos.

El impuesto a la exportación de granos, diseñado y aplicado adecuadamente, no es una confiscación, ni mucho menos promueve una “doctrina del odio” sino todo lo contrario: constituye uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo y construcción de la justicia social en el país.

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[1] Artículo 181 de la Constitución, respecto a los impuestos: “Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país”.
[2] http://bit.ly/ImpactoExportaciones2015

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Integran Japolí: Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capítulo Paraguay (Alames), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), CLOC – Vía Campesina Paraguay, Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (Cobañados), Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Decidamos – Campaña por la expresión ciudadana, Oxfam en Paraguay, Serpaj Paraguay (Servicio, Paz y Justicia), Sobrevivencia – Amigos de la tierra Paraguay, Grupo SUNU de Acción Intercultural, Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco. Conocé más en: www.japoli.org/unimos-fuerzas-contra-la-desigualdad.

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Contactos Japolí:

Enrique Gauto (Decidamos), +595 21 425 850

Anibal Cabrera (CDIA), +595 21 227 061

Alicia Amarilla (CONAMURI), +595 21 425 008

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