Cinco años de Seguridad militarizada en el norte del país

Por Natalia Rodríguez y Vidal Acevedo* – Han transcurrido cinco años de la implementación de la Ley N° 5036/13 “Que modifica y amplia los artículos 2º, 3º y 56 de la Ley Nº 1.337/99 “De Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, que otorgó potestad al entonces Presidente Horacio Cartes -en su carácter de Comandante en […]

19/12/2018

Por Natalia Rodríguez y Vidal Acevedo* – Han transcurrido cinco años de la implementación de la Ley N° 5036/13 “Que modifica y amplia los artículos 2º, 3º y 56 de la Ley Nº 1.337/99 “De Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, que otorgó potestad al entonces Presidente Horacio Cartes -en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación- para firmar el Decreto N° 103/13: “Por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna, en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”.

Así, con la finalidad de otorgar seguridad a la población de la zona norte, el Estado paraguayo fue imponiendo la militarización de los territorios mencionados a través del órgano especial de seguridad llamado Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), compuesto por militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Altos niveles de presencia militar coinciden con dos de los departamentos con mayor índice de pobreza: San Pedro pertenece a la franja de extrema pobreza, con localización intermedia, tiene la peor incidencia de la pobreza, el menor ingreso promedio y la menor cohesión social, con más de 48% de personas bajo la línea de la pobreza, según datos de la DGEEC de 2016(1), Concepción es parte de la franja con muy alta incidencia de la pobreza, en el nordeste (límite con Brasil), con 49,97 % de pobres y mayor incidencia de la pobreza que el promedio nacional. Llamativamente, Amambay está en la franja de excepción de departamentos con 22% bajo la línea de pobreza (Rodríguez, J.C, 2017).

En estos departamentos -donde se han declarado estados de excepción y se realizaron en años anteriores operativos conjuntos policiales-militares, resultan más afectadas las comunidades del departamento de Concepción como las de Arroyito, Hugua Ñandu (Jorge Sebastián Miranda), Kuruzu de Hierro y las comunidades de San Pedro como Tacuati Poty, Felipe Osorio y Agüerito, todos conquistados a través de la lucha de organizaciones campesinas durante la transición democrática.

Es en estos territorios donde la FTC desarrolla su combate al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y a su último desprendimiento el Ejército Mariscal López (EML). A cinco años, igualmente el despliegue de estas fuerzas suma una serie de denuncias de casos de violaciones de derechos humanos. La FTC no ha tenido éxito con la finalidad de su creación y dos personas siguen secuestradas(2); una de ellas, es el caso del policía Morínigo, de más larga duración de la historia en Paraguay de personas en cautiverio.

Si bien el EPP dio a conocer un panfleto, en el cual se anunciaba la supuesta muerte de Morínigo, hasta ahora dicha información no fue corroborada por los miembros de los organismos de seguridad estatal(3).

Asimismo, la zona norte sigue olvidada por las políticas sociales gubernamentales y con el nuevo presidente Mario Abdo Benítez, se teme que continuará el proceso de seguridad militarizada, puesto que su primera visita al interior del país fue al destacamento militar de la FTC, que se encuentra en el municipio de Arroyito-Concepción, donde se reunió con los altos mandos militares. En dicho encuentro, mencionó que potenciará la FTC para devolver la tranquilidad a los norteños(4).

Principales efectos asociados a la militarización en la zona norte(5)

– Zozobra, temor e inseguridad: Esto se da por el hecho de que todos están sospechados de ser miembros o logística del grupo armado, por consiguiente cualquiera puede ser detenido, imputado e incluso asesinado.

– Atropello: Lo que en la jerga de la justicia se conoce como allanamiento, en estos asentamientos la gente lo llama atropello, por la violencia con la que se realiza, sin respetar horarios, presencia de niños, ancianos, entre otros.

– Limitación a la movilidad de las personas: ocurre sobre todo en aquellos asentamientos estigmatizados como albergue de los grupos armados.

– Disminución de fuente de trabajo: Establecimientos ganaderos que ofrecían trabajos a pobladores disminuyeron sus actividades laborales por temor a los ataques.

– Perversidad de la justicia: Uno de los hechos quizás más grave se ve en el actuar de la justicia, sobre todo de la fiscalía. Varios testimonios revelaron la persuasión de los fiscales a los supuestos miembros del grupo armado o logística detenidos sobre declararse culpables para reducir su expectativa de pena. El procedimiento se denomina juicio abreviado.

– Plantación de supuestas evidencias: Otro hecho reiterativo y grave denunciado por los pobladores es la plantación de evidencias con total impunidad. Este tipo de procedimiento tiene como fin justificar los nulos resultados del operativo de combate al EPP.

– Desprotección a la población: Otra evidencia que demuestra la ineficacia y el deber de cuidado a la población de la FTC es el hacer caso omiso a la gente cuando hay alguna emergencia. Los militares no acuden a los llamados, sólo se movilizan de día y por las calles de los asentamientos.

– Tergiversación de los hechos: La versión sobre los hechos desde el territorio, desde la gente afectada o víctima de los abusos, es totalmente distinta a la que proveen los medios de prensa escritos, radiales como televisivos que alimenta a la sociedad en general.

Conclusión

Teniendo en cuenta el contexto de la zona y todas las implicancias y efectos de la militarización, a lo largo de estos cinco años de vigencia de la Ley Nº 5.036/13- la cual es muy probable que siga en el tiempo-, de acuerdo a los lineamientos en cuanto a seguridad expresados públicamente por el actual Presidente, lo que acontece en la zona norte se volvió una ocupación militar territorial permanente y por ende la preocupación de que se sigan violando derechos humanos, seguirá en alza.

(1) “Incidencia de pobreza y extrema pobreza por departamento: 1997 al 2016”, DGEEC, Encuesta permanente de hogares 2016. Disponible en: www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/pobreza_extrema/DATOS%20DE%20POBREZA%20POR%20DEPARTAMENTO.pdf
(2) Evelio Morínigo; Suboficial de Policía secuestrado el 5 de julio de 2014, en Yby Yaú (Dpto. de Concepción) y Don Félix Urbieta, ganadero, secuestrado el 12 de octubre de 2016 en la ciudad de Horqueta (Dpto. de Concepción)
(3) C9N [C9N Paraguay] (11 de abril de 2018) El peor final para Edelio Morínigo. [Archivo de video] Recuperado de: https://bit.ly/2CoqjdF
(4) Red de Noticias, 24 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.rdn.com.py/2018/08/24/marito-habla-de-potenciar-la-ftc-en-su-visita-al-norte/
(5) Extraído del documento inédito “Efectos de la militarización en la zona norte”, Riquelme Quintín y Vera Elsy, Serpaj-Py, setiembre, 2018.

*Síntesis realizada por los autores del informe “A cinco años de la seguridad militarizada, siguen los atropellos y violaciones de derechos humanos en la zona norte y sigue la violencia estructural por parte del Estado paraguayo”, en CodehupyYvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2018. Asunción: Codehupy, pp.445-460

Fotografía: Ñandutí

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